La funcionaria reveló que detectaron más de cinco empresas "fantasmas" que cobraron por un bien o servicio durante el sexenio pasado.
Incluso, añadió, descubrieron que la actividad por la que cobraron tampoco existe.
"Derivado de las investigaciones de campo efectuadas, se confirmó la inexistencia del servicio o bien, e incluso, a veces, la inexistencia de la propia empresa, presumiéndose entonces, desde luego, el desvío de recursos (...) quedando así en claro que los actos de corrupción no sólo alcanzan a los servidores públicos anteriores, sino a los particulares que se prestaron para tales fines", expresó.
La contralora refirió que estas empresas "fantasma" surgieron de manera espontánea y, a pregunta expresa, aclaró que investigan si pertenecen a los ex funcionarios estatales.
"Nos falta determinar la propiedad, pero la existencia de empresas que surgen de la noche a la mañana para realizar alguna obra, pero que después va usted y no encuentra usted ni domicilio social, bueno pues ya nos dice mucho", agregó.
Ante esta situación, Woolrich Fernández informó que al empresario que haya participado en estos actos ilícitos, también va a ser denunciado.
La colaboradora del Gobernador Gabino Cué aclaró que la Dirección Jurídica de la Contraloría determinará el término de la querella que se vaya a presentar en cuanto a los implicados.
De acuerdo con los resultados de 16 auditorías practicadas a 14 dependencias del ejercicio fiscal de 2010, se detectaron diversos pagos a empresas o personas físicas que no justificaron la prestación del servicio o adquisición de los bienes contratados.
Justifican retraso en sanciones
El director de Procesos Jurídicos de la Contraloría estatal, Rafael Cervantes Ortega, afirmó que los procesos de sanción contra los ex funcionarios estatales se han retrasado debido a los candados legales que aprobó el PRI antes de perder el control del Congreso local.
Explicó que uno es la adición del artículo 271 bis E al Código Penal, el cual exige culminar un proceso de fiscalización previo al ejercicio de la acción penal o administrativa contra el infractor.
El funcionario recordó que en octubre, un mes antes de que el PRI perdiera la mayoría en el Congreso de Oaxaca, aprobó las reformas.
"Anteriormente, para plantear una querella penal en contra de algún servidor público únicamente se requería el planteamiento de la misma, encontrar la irregularidad, el desfalco o quebranto patrimonial y la presentación.
"Se modificó en octubre de 2010, con el objeto de agregar un requisito de procedibilidad y, ahora, estamos obligados, antes de plantear la querella, culminar con los procedimientos de auditoría. Es una de las razones por las cuales, hasta este momento, al término de estas 16 auditorías, se está informando de los hallazgos y de las acciones que nos acaban de instruir", indicó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario