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Por haber nacido en zanatepec. Demuestra que amas a tu pueblo. ABRE los ojos, NO PERMITAS Que sigan pisoteando tu DIGNIDAD, Ya basta de mantener a estos ladrones. Que no hacen nada para mejorar las condiciones de vida en nuestra población. Ellos ven solo intereses personales.

martes, 19 de julio de 2011

Obstaculiza Ruiz indagatoria.-Contralora

Ciudad de México (12 julio 2011).- El Gobierno de Ulises Ruiz impuso mecanismos administrativos para obstaculizar investigaciones por el desvío de fondos de funcionarios de su Administración, informó la titular de la Secretaría de la Contraloría de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández.

Los delitos cometidos por funcionarios y ex funcionarios públicos, explicó, son considerados no graves, por lo que los responsables podrían quedar en libertad al pagar una fianza.

"Mañosamente, antes de que terminara la Administración, se hicieron algunas modificaciones para hacer más difícil el camino, entre ellas que nos exigían un dictamen de daño patrimonial que precisamente se derivaba de las propias auditorías", dijo.

"Esto nos hizo dilatar más de seis meses el trámite y en este momento, que ya tenemos dictamen patrimonial y demás del daño causado, estamos en algunos casos dirigiendo la acción a procedimientos administrativos y en otros estamos preparando ya las querellas para denunciar penalmente los ilícitos".

Woolrich acusó, en entrevista para W Radio, al ex vocero de Ulises Ruiz, Héctor Ramírez Puga, de desviar fondos para empresas de su propiedad, señalando que incluso en este mes han tenido que cancelar contrataciones hechas antes de la salida de los funcionarios de Ruiz.

"Héctor Ramírez Puga y todos los que estuvieron ahí se aprovecharon del dinero y simularon la contratación de publicidad en algunas empresas que prácticamente no existieron o eran para su propio beneficio", denunció.

"Héctor contrató por más de 700 millones publicidad para su propio radio y su propia publicación que se llama 'Despertar'".

La funcionaria detalló que las irregularidades encontradas en la Administración de Ulises Ruiz son la falta de documentos que comprueben gastos, la irregularidad en la aplicación de partidas presupuestales y la asignación de contratos a personas que no justificaron la prestación de servicios.

"Muchas veces ni siquiera existía la empresa, nosotros fuimos a investigar los domicilios fiscales que se habían proporcionado y eran casas habitaciones de la más pobre fisonomía", indicó.

"A veces surgía, por ejemplo, hasta menores de edad que ya eran empresarios de la noche a la mañana".

Fuente: http://www.reforma.com/estados/articulo/615/1229773/

Inicia Oaxaca proceso a 32 ulisistas

Oaxaca (11 julio 2011).- El Gobierno de Oaxaca inició un proceso de responsabilidad en contra de 32 ex colaboradores del ex Gobernador priista Ulises Ruiz por el desvío de 3 mil 687 millones de pesos durante 2010.

La Secretaria de la Contraloría, Perla Woolrich Fernández, reveló que los ex funcionarios serán objeto de procedimientos administrativos y, en su caso, penales.

Afirmó que apenas serán notificados.

"Se observa la confabulación de diversos servidores públicos de los cuales hoy informo, a efecto de operar el presupuesto del Estado por el ejercicio 2010 de manera discrecional, modificando las partidas inicialmente autorizadas", dijo la Contralora.

Woolrich afirmó que estos daños al patrimonio son parciales, ya que corresponde al resultado de 16 de las 45 auditorías que practican al último año de gestión de Ulises Ruiz.

Entre los 32 ex funcionarios señalados están 13 integrantes del Gabinete de Ulises Ruiz, entre ellos su tesorero, Miguel Ángel Ortega Habib, sus últimos tres voceros y el ex Secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé.

Rafael Cervantes Ortega, director jurídico de la Contraloría, reconoció que ya dieron cuenta a la Procuraduría de Justicia de algunos de estos casos, pero aclaró que esta información es reservada.

Fuente: http://www.reforma.com/estados/articulo/615/1229546/

Buscan en IP a cómplices de Ulises Ruiz



Oaxaca (13 julio 2011).- El Gobierno estatal prevé fincar responsabilidad penal a los empresarios que participaron en el desvío de 3 mil 687 millones de pesos durante el último año de gestión del ex Gobernador priista Ulises Ruiz, sostuvo la secretaria de la Contraloría, Perla Woolrich Fernández.

La funcionaria reveló que detectaron más de cinco empresas "fantasmas" que cobraron por un bien o servicio durante el sexenio pasado.

Incluso, añadió, descubrieron que la actividad por la que cobraron tampoco existe.

"Derivado de las investigaciones de campo efectuadas, se confirmó la inexistencia del servicio o bien, e incluso, a veces, la inexistencia de la propia empresa, presumiéndose entonces, desde luego, el desvío de recursos (...) quedando así en claro que los actos de corrupción no sólo alcanzan a los servidores públicos anteriores, sino a los particulares que se prestaron para tales fines", expresó.

La contralora refirió que estas empresas "fantasma" surgieron de manera espontánea y, a pregunta expresa, aclaró que investigan si pertenecen a los ex funcionarios estatales.

"Nos falta determinar la propiedad, pero la existencia de empresas que surgen de la noche a la mañana para realizar alguna obra, pero que después va usted y no encuentra usted ni domicilio social, bueno pues ya nos dice mucho", agregó.

Ante esta situación, Woolrich Fernández informó que al empresario que haya participado en estos actos ilícitos, también va a ser denunciado.

La colaboradora del Gobernador Gabino Cué aclaró que la Dirección Jurídica de la Contraloría determinará el término de la querella que se vaya a presentar en cuanto a los implicados.

De acuerdo con los resultados de 16 auditorías practicadas a 14 dependencias del ejercicio fiscal de 2010, se detectaron diversos pagos a empresas o personas físicas que no justificaron la prestación del servicio o adquisición de los bienes contratados.

Justifican retraso en sanciones

El director de Procesos Jurídicos de la Contraloría estatal, Rafael Cervantes Ortega, afirmó que los procesos de sanción contra los ex funcionarios estatales se han retrasado debido a los candados legales que aprobó el PRI antes de perder el control del Congreso local.

Explicó que uno es la adición del artículo 271 bis E al Código Penal, el cual exige culminar un proceso de fiscalización previo al ejercicio de la acción penal o administrativa contra el infractor.

El funcionario recordó que en octubre, un mes antes de que el PRI perdiera la mayoría en el Congreso de Oaxaca, aprobó las reformas.

"Anteriormente, para plantear una querella penal en contra de algún servidor público únicamente se requería el planteamiento de la misma, encontrar la irregularidad, el desfalco o quebranto patrimonial y la presentación.

"Se modificó en octubre de 2010, con el objeto de agregar un requisito de procedibilidad y, ahora, estamos obligados, antes de plantear la querella, culminar con los procedimientos de auditoría. Es una de las razones por las cuales, hasta este momento, al término de estas 16 auditorías, se está informando de los hallazgos y de las acciones que nos acaban de instruir", indicó.