Juan E. Pardinas11 Jul. 10
El sufragio ciudadano exterminó las aspiraciones de la fauna más nociva del sistema político mexicano. En Puebla y Oaxaca estaba en juego algo mucho más importante que la continuidad del PRI en el poder. Mario Marín y Ulises Ruiz no sólo perdieron las elecciones, también perdieron la tranquilidad que brinda la impunidad absoluta. Si el PRI hubiera ganado, sus herederos políticos los habrían protegido de auditorías incómodas y averiguaciones previas. Hoy el horizonte ya no les pinta tan claro. La derrota abre la posibilidad de que la justicia los obligue a rendir cuentas de sus actos y negligencias.
El sexenio de Vicente Fox nos enseñó una triste lección: alternancia no es sinónimo de cambio, ni tampoco de justicia. En la mayoría de las transiciones a la democracia, los miembros del antiguo régimen enfrentan algún mecanismo de rendición de cuentas. En Argentina, el general Jorge Rafael Videla acaba de asumir su responsabilidad ante un tribunal, por crímenes de lesa humanidad. En Perú, el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos y apropiación de fondos públicos. En México, los gobiernos de Acción Nacional optaron por fraternizar con los personajes más corruptos de la aristocracia del régimen priista. La tolerancia del PAN frente a la corrupción castró las esperanzas de millones de mexicanos sobre los alcances y posibilidades del cambio democrático.
El asunto no es desatar una cacería de brujas, sino aplicar la noción más elemental de justicia: "dar a cada quien lo que le corresponde". En Argentina y Perú no se asumió que las sentencias sobre los viejos autócratas fueran una pila de leña verde. ¿Sería cacería de brujas pedir pena de cárcel para Elpidio Concha y Jacinto Pineda, responsables del asesinato a palos del profesor Serafín García? ¿Es un exceso de rigor jurídico exigir que se investigue el desvío de fondos y asignación de contratos a la familia de Eviel Pérez Magaña, malogrado candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca? ¿Es una insensatez política darle seguimiento a la resolución de la Suprema Corte donde se establece que Ulises Ruiz es un violador de las garantías individuales?
En Puebla, tierra de textileros, también hay tela de donde cortar, y como muestra va un botón. Esta semana en apresurada sesión del Congreso local se aprobó la Cuenta Pública del 2009. Este documento debe contener el registro de las transacciones financieras del gobierno de Mario Marín durante los 12 meses del último año fiscal. En este periodo, el área de Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas tenía un presupuesto de 334 millones de pesos, pero al final del año fiscal gastó más de 931 millones. En la Cuenta Pública 2009, también queda claro que la Secretaría de Gobernación poblana tenía un presupuesto de 279 millones de pesos, pero al final del año se gastaron 676 millones. No hay explicación clara para el sobreejercicio de cerca de mil millones de pesos. Queda constancia que ni siquiera he mencionado el caso de la periodista Lydia Cacho.
Una de las objeciones más ridículas en contra de las alianzas electorales entre el PAN y el PRD es que el PRI, en venganza, paralizaría la agenda legislativa de Felipe Calderón. Desde que el PRI es oposición, con un peso determinante en el Congreso, México no ha logrado avanzar cambios sustantivos en materia fiscal, laboral o energética. Con o sin alianzas, con o sin una investigación sobre Ruiz y Marín, el PRI obstaculizará cualquier aspiración por modernizar a México. Los cambios legislativos de fondo, de los últimos 10 años, se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos.
Puebla y Oaxaca abren una oportunidad irrepetible para romper el ciclo de alternancia e impunidad. Javier Moreno Valle y Gabino Cué tienen en sus manos la pluma para reescribir la historia de la transición democrática en México.
